Complejo Judicial Norte abre sus puertas y atiende primeras audiencias

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Complejo Judicial Norte abre sus puertas y atiende primeras audiencias

 

El Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y Villalengua, en Quito, abrió sus puertas a la ciudadanía. Son más de 50 000 metros cuadrados de construcción, en donde se ofrecen, de forma integral, los servicios de justicia en materia Penal y Civil.

 

Este lunes, 16 de enero comenzaron a atender: el Tribunal de Garantías Penales; los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; las unidades Cuarta de Familia, Penal y Contravenciones; el Centro Nacional de Mediación con seis mediadores; y, la Defensoría Pública.

 

A las 08:45, se instaló la primera audiencia, relacionada con un caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Esta diligencia se cumplió, en el Tribunal de Garantías Penales, bajo el sistema de videoconferencia. Estaba planificado que durante el día se efectúen 47 audiencias.

 

En rueda de prensa, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, indicó que “uno de los objetivos de esta obra es concentrar una serie de servicios que estaban dispersos en toda la capital, para brindar una mejor atención a los usuarios”.

 

Durante esta semana se trasladarán otras dependencias y, desde el 23 de enero, atenderán al público: la Unidad Judicial Civil, en la cual se tramitarán los juicios bajo el Código Orgánico General de Procesos; los tribunales Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario; la Unidad Judicial de Trabajo; y, la Dirección Provincial de Pichincha.

 

El doctor Jalkh explicó que 134 jueces laborarán en este Complejo Judicial que cuenta con 66 salas de audiencia, equipadas con tecnología de punta para grabación de audio y video.

 

Además, existen salas de espera; ventanillas de requerimientos y de ingreso de escritos y causas; pantallas informativas; centros de copiado; y, accesos de circulación diferenciada para ciudadanos, jueces y personas privadas de la libertad.

 

También existen salas para testigos y víctimas; espacios de aseguramiento transitorio de personas privadas de la libertad; cámaras de Gesell; una sala lúdica, para que los padres encarguen a sus hijos mientras realizan sus trámites; consultorios médicos, psicológicos y de Trabajo Social.

 

El costo de la obra, incluido el mobiliario, es de 65.9 millones de dólares.

 

Caso Petroecuador

En otro tema, el doctor Jalkh informó que el CJ pedirá a la Contraloría que realice un examen especial a los bienes de Jacinto Tibanlombo, fiscal que investigaba las denuncias de cohecho en Petroecuador y que, la semana pasada, fue suspendido de su cargo.

 

“El CJ no persigue, ni busca proteger a nadie, lo que pretendemos es aplicar nuestras competencias”, señaló y aclaró que en su dictamen, el fiscal se abstuvo de acusar a siete presuntos implicados en el caso sin la debida motivación y argumentación.

 

“De la lectura del dictamen se determinan graves ineficiencias en la tramitación de este proceso (…) Por sus características y por la ausencia de acusación particular, que creo debió haber sido presentada por Petroecuador, ese dictamen habría quedado absolutamente en firme, la jueza o juez no habría podido hacer nada y con eso, se habría echado tierra a posibles responsabilidades penales”, explicó.

 

El titular de la Judicatura recordó que el actual CJ vino a cambiar la justicia y que por lo tanto, debe velar que fallos y actuaciones judiciales estén debidamente fundamentadas en Derecho.

 

“El Consejo no va a mirar a otro lado en ningún caso, menos aún, en aquellos donde los fondos de los ecuatorianos pudieron ser esquilmados de manera espantosa por funcionarios, ex funcionarios o sus familiares”, indicó.

 

En ese marco, aclaró que la decisión sobre el fiscal Tibanlombo se sustenta, entre otras disposiciones legales, en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que establece que al presidente del CJ, le corresponde suspender a los servidores judiciales, en casos graves y urgentes.

 

“No interferiremos en el campo jurisdiccional y competencias de otros órganos, pero tampoco permitiremos que interfieran en nuestras competencias disciplinarias”, afirmó. Explicó que Tibanlombo tiene derecho a la defensa y que será, en el proceso disciplinario, que se demuestre si actuó o no en un marco de respeto a las leyes y a la ética.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN